La publicación de esta ley marca un avance relevante para Chile al establecer un marco de protección integral que busca acompañar el envejecimiento desde la dignidad, la autonomía y la participación activa en la sociedad.
Chile dio un paso importante en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores con la publicación de la Ley N° 21.822, denominada Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, publicada en el Diario Oficial el 1 de junio de 2026. La normativa tiene como objetivo promover el envejecimiento digno, activo y saludable, y establecer un marco integral para la protección del ejercicio y goce de los derechos y libertades de las personas mayores, en línea con la Constitución chilena, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y otros tratados internacionales ratificados por el país.
La ley reconoce como persona mayor a toda persona de 60 años y más, e incluye también la categoría de personas de 80 años y más. Con ello, la normativa busca avanzar hacia una comprensión más amplia del envejecimiento, reconociendo esta etapa de la vida desde una perspectiva de derechos, autonomía, participación e inclusión social.
Uno de los principales aportes de la ley es que consolida un catálogo de derechos específicos para las personas mayores. Entre ellos se encuentran el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad, el trato digno y respetuoso, la atención preferente, el acceso a la justicia, la independencia y autonomía, una vida libre de violencia, la participación comunitaria, la salud, la educación, el trabajo, la información, la conectividad, la privacidad y la intimidad.
La normativa también establece deberes para el Estado, con participación de las comunidades, las familias y las propias personas mayores. En este sentido, la ley plantea que las instituciones públicas deben respetar, proteger y promover los derechos de las personas mayores en igualdad de condiciones con el resto de la población, impulsando su bienestar, integración activa y participación en la comunidad.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia. La ley identifica distintas formas de abuso y maltrato hacia las personas mayores, incluyendo el maltrato físico, psicológico, patrimonial, financiero y el abandono social. Además, incorpora mecanismos de protección para personas mayores con dependencia que puedan encontrarse en situaciones graves de vulneración de derechos y sin redes de apoyo familiar o social.
En materia de acceso a la justicia, la ley introduce medidas para resguardar los derechos de las personas mayores cuando participan en procedimientos judiciales, ya sea como parte, testigos o peritos. También establece un procedimiento específico en tribunales de familia para situaciones de abandono social, permitiendo adoptar medidas de protección cuando exista riesgo para la vida, integridad física o psíquica de una persona mayor con dependencia.
La ley también incorpora avances en participación social, cultura, deporte y vida activa. En particular, establece una cuota de acceso para personas mayores en espectáculos o lugares abiertos al público de carácter cultural, artístico o deportivo organizados por privados, así como una rebaja de al menos el 50% en el costo de ingreso para quienes accedan a dicha cuota.
En el ámbito laboral, la normativa introduce disposiciones sobre el contrato del trabajador adulto mayor, incluyendo elementos relacionados con la compatibilidad de las funciones con la condición física y capacidades de la persona, alternativas de distribución horaria, suspensión pactada de los efectos del contrato y uso anticipado proporcional del feriado anual.
Asimismo, la Ley N° 21.822 fortalece la institucionalidad pública en materia de envejecimiento. Entre sus disposiciones, contempla la elaboración de una Política Nacional de Envejecimiento, con participación de la sociedad civil y de los Consejos Asesores Regionales de Personas Mayores. También refuerza el rol del Servicio Nacional del Adulto Mayor mediante nuevas funciones y la creación de direcciones regionales.
Aunque la ley fue publicada el 1 de junio de 2026, su entrada en vigencia está prevista para doce meses después de su publicación, es decir, el 1 de junio de 2027, de acuerdo con la información disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el texto de la normativa.
Con esta ley, Chile avanza hacia un marco legal que busca superar enfoques asistencialistas sobre la vejez y reconocer a las personas mayores como titulares de derechos, con capacidad de decisión, participación y contribución activa a la sociedad. Su implementación será clave para que los principios de dignidad, autonomía, igualdad, buen trato e inclusión se traduzcan en cambios concretos en la vida cotidiana de las personas mayores y sus comunidades.